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23 marzo 2009

Derechos sobre la órbita geoestacionaria y más allá

Sabía que todos los países reclaman soberanía sobre el territorio emergido y su subsuelo. También sobre los mares vecinos cuando los hay. Y sobre el espacio aéreo. Pero estos días me ha llamado la atención J, desde su estancia en Ecuador, sobre que al menos uno de los candidatos a presidente del país reclama soberanía sobre la "órbita geoestacionaria". ¿Es una errata? No, pero es interesante y me ayuda a mantener el subtítulo de este blog.
Recordemos que una órbita geoestacionaria es aquella donde el satélite gira a la misma velocidad angular que la Tierra de forma que se mantiene en la vertical del mismo lugar. Eso sólo puede ocurrir sobre el Ecuador y a unos 35768 km de la superficie, montaña arriba, montaña abajo (1). Cada satélite que está en esa órbita ve un 42% de la superficie terrestre aunque sólo entre los 81º de latitud Norte y sus equivalentes de latitud Sur. Debido a esto, con sólo 3 satélites geoestacionarios con 120º de separación es suficiente para cubrir con Radio María la totalidad de la Tierra habitada. Se libran los osos polares y algunos pingüinos. Los usos civiles de la órbita geoestacionaria son predominantemente las comunicaciones y la meteorología y está mucho más lejana que la usada por los satélites de observación terrestre (unos 700-800 km sobre la superficie). Como su latitud es 0º deben repartirse en longitudes diferentes. Aquí hay una lista de satélites geoestacionarios: a ojo salen unos 350.

Imagen de satélites y restos ("basura espacial") en órbita alrededor de la Tierra. La mayor aglomeración se produce en la órbita geoestacionaria y alrededores.

Investigando por ahí encuentro que la Constitución de Ecuador, que creo que está actualmente en debate, incluye en su artículo 4:
El Ecuador ejercerá derechos sobre los segmentos correspondientes de la órbita sincrónica geoestacionaria y la Antártica, de conformidad con las normas del Derecho Internacional y con la legislación interna.
Los derechos de la órbita geoestacionaria se ejercerían, supongo, sobre la proyección con origen en el centro de la Tierra de los límites nacionales sobre dicha órbita. Esto supondría, un segmento de 11780 km, un 4.46% del los 264000 km que supone aproximadamente la circunferencia total, de la cual un 70% está sobre océanos. Colombia tendría unos 4171 km (un 1.57%), algo que también incluye en su Constitución (Art. 101):
También son parte de Colombia, el subsuelo, el mar territorial, la zona contigua, la plataforma continental, la zona económica exclusiva, el espacio aéreo, el segmento de la órbita geoestacionaria, el espectro electromagnético y el espacio donde actúa, de conformidad con el Derecho Internacional o con las leyes colombianas a falta de normas internacionales.
Los países ecuatoriales han intentado conseguir un reconocimiento de esos derechos desde hace un tiempo. En 1976 hubo una reunión en Bogotá de los diez países implicados, Brasil, Colombia, Congo, Ecuador, Gabón, Indonesia, Kenia, Somalia, Uganda y Zaire, y se redactó una declaración en la que se defiende la existencia de soberanía sobre este "recurso natural". Dicha declaración no ha sido reconocida en la legislación internacional y se me ocurre que uno de los artículos puede ser causa de que nunca se haga. En concreto se dice:
Los satélites ubicados por países no ecuatoriales en segmentos de órbita de los Estados Ecuatoriales, carecen de la autorización de éstos y la existencia de tales satélites no confieren derecho alguno al uso actual o futuro del lugar que ocupan.
Huelga decir que las reivindicaciones de soberanía absoluta con negación de los derechos actuales (que están otorgados por legislación internacional vigente) no tienen ninguna opción de salir adelante ya que dependen de un consenso con otros países y el derecho internacional es, por definición, el fruto de acuerdos multilaterales.

Actualmente, las posiciones orbitales son administradas por la Unión Internacional de Telecomunicaciones, un organismo dependiente de las Naciones Unidas. Los países ecuatoriales (o al menos los más activos en este asunto) se quejan de favoritismo hacia las "grandes potencias" en la adjudicación de posiciones y que, como consecuencia de ello, se está saturando la órbita de forma que los países en desarrollo no podrán en un futuro poner sus propios satélites. El argumento es respetable pero no estoy seguro de que sea correcto. Por ejemplo, los satélites no son eternos sino que duran lo que dure el combustible utilizado para corregir las inevitables desviaciones de la órbita (he leído aunque no confirmado que las concesiones actuales son de 15 años). Por tanto, existe una posibilidad de recambio de posiciones en el tiempo y donde hoy hay un satélite estadounidense podrá haber uno brasileño o marroquí ya que la posición no queda "secuestrada" indefinidamente. Por otro lado, no parece que la UIT niegue permisos aunque sí exige que el satélite esté al menos en construcción en el momento de la petición y en órbita antes de 5 años o la concesión de posición caducará. Encuentro que esos requisitos son algo lógico precisamente para prevenir el "secuestro" de posiciones que luego no se mantendrían vacías. Sí es cierto que la concesión de posiciones se hace por simple orden cronológico por lo que no existe ninguna reserva para los países ecuatoriales pero tampoco para ningún otro lo cual hace que el dominio de la UE, Rusia y los EE.UU. sea abrumador.

Personalmente, y por aquello de mojarme, no creo que la órbita en cuestión deba someterse a soberanía de nadie en concreto, y menos por la casualidad de estar debajo de ella a 40000 km de distancia. Sí debe garantizarse un acceso real a todos los países que puedan o quieran poner un satélite allá arriba. Para ello tal vez deba mejorarse la normativa actual pero la gestión de esos lejanos "territorios" debe ser internacional y los derechos generales. Es cierto que actualmente los satélites son mayoritariamente de los países más ricos (la cruel lógica de la economía) pero a nadie se le impide crear consorcios o alianzas y muchos de esos satélites generan beneficios globales tanto en comunicaciones como en usos científicos.

Si me permiten una broma para terminar ¿por qué quedarse en derechos territoriales de 40000 km? o ¿por qué limitar esos 40000 km a los países ecuatoriales? Cada país podría extender su territorio nacional hasta el infinito y más allá, que decía Buzz Lightyear, y prolongar la proyección de sus fronteras terrestres y marítimas hasta unas cuantas UA de distancia. ¡Ah, la propiedad, cuántas cosas curiosas salen a la luz al invocarte!

(1) La órbita geoestacionaria permite ciertas tolerancias de forma que en la realidad es un gran "donut" con un radio medio de 42165 km, un ancho de 74 km y una "altura" de 42 km.

21 diciembre 2008

Sobre el futuro del trabajo en Europa

O sea que Europa era esto: un banco central en Francfort, un vacío político y miles de jóvenes viajando con becas Erasmus. Mientras Barack Obama y la Reserva Federal organizan a toda prisa un plan de emergencia para tratar de salvar la economía estadounidense (otra cosa es que puedan), la Unión Europea pedalea en el aire y empuja a los irlandeses a celebrar un nuevo referéndum, a ver si se desencalla el mecanismo de toma de decisiones por si algún día, quién sabe, hubiera que decidir algo.

Lo dice Enric González en El País.

No sé si saben por allá, al otro lado del charco, que el Parlamento Europeo ha votado hace un par de días sobre la propuesta para ampliar la jornada laboral máxima hasta las 60 horas semanales (y 65 para personal con guardias de atención continuada). No, no es una errata: sesenta o sesenta y cinco horas. Trabajar, por ejemplo, de lunes a sábado diez horas diarias y aún quedan cinco para repartir si eres, por ejemplo, médico. La cosa tiene sus trucos porque en teoría, la jornada semanal máxima sigue siendo de 48 horas salvo que… el trabajador renuncie a ella. Les pongo a continuación los puntos cáusticos de la Directiva:

  • El tiempo máximo de jornada laboral sigue siendo de 48 horas semanales a no ser que el trabajador renuncie a ella mediante la firma de una cláusula llamada “opt-out” (acuerdo de renuncia).
  • El límite protector para trabajadores que firman el opt-out podrá de 60 horas semanales medias, calculadas sobre un periodo de 3 meses.

Luego, hay otros puntos que afectan especialmente al personal sanitario. Imagínense las guardias de un médico:

  • Dentro de la guardia, las horas donde el médico no esté activo podrán considerarse como tiempo no trabajado.
  • El nuevo límite protector para trabajadores con opt-out y periodos inactivos de la guardia es de 65 horas semanales medias calculadas sobre un periodo de 3 meses.
  • Los descansos compensatorios detrás de una guardia no tendrán que concederse al término de ésta sino en “un periodo de tiempo razonable”.

Cabe pues la posibilidad de que un médico que sale de guardia se vea obligado a hacer una jornada laboral más sin descansar.

Todo esto sería mediante acuerdo directo con cada trabajador o acuerdo colectivo. El “o” es importante porque permite excluir a los interlocutores sociales que no hacen más que dar la lata.

Lo tenebroso del asunto es que todas las propuestas venían aprobadas por el Consejo de Ministros de Empleo, Asuntos Sociales, Salud y Protección de los Consumidores de los países miembros.

La genial idea venía de lejos, de la Directiva 2003/88/CE, impulsada por Gran Bretaña aunque acogida con entusiasmo por otros países que están incumpliendo flagrantemente la normativa vigente y que ven en esta Directiva la forma menos costosa de dejar de ser ilegales. En el Consejo de Ministros, donde estaba también el nuestro, claro, de los 27 miembros votaron a favor 22. Los otros, en un curioso ejercicio de no sé bien qué, no votaron en contra sino que se abstuvieron: Bélgica, Chipre, Grecia, Hungría, Portugal y España. No se consiguió la minoría de bloqueo que antes de la llegada de Nicolás Sarkozy y Silvio Berlusconi existía.

Por suerte y por lo buenos oficios de un eurodiputado español llamado Alejandro Cercas, el Parlamento Europeo rechazó esta Directiva mediante la aprobación por mayoría absoluta de las 22 enmiendas del “informe Cercas”. Hay que agradecer que los parlamentarios españoles votaran todos, sin distinción de partidos ni ideologías, a favor de las enmiendas.

Alejandro Cercas, responsable de las enmiendas, tras ganar las votaciones en el Parlamento Europeo.

La lectura que hago hoy, ya pasada la tormenta es que la propuesta del Consejo de Ministros es un desprecio a los ciudadanos. Dado que ese Consejo son los ministros de Trabajo y que lo que dice puede acabar siendo ley ¿cuál debería ser nuestra actitud si desde la UE comenzaran a llegar normativas como la recientemente rechazada? No es una pregunta retórica: de la UE vino la directiva que obliga a cobrar por sacar libros de una biblioteca pública, por poner un ejemplo. Un pequeño detalle tal vez pero con un significado ominoso. Y el tema de la jornada laboral no ha quedado zanjado, sólo retrasado, ya que se abre ahora un periodo de conversaciones a ver si se puede llegar a algún acuerdo. Incluso aunque no se llegue, se podrá volver a empezar con un trámite nuevo, cosa que no duden alguno hará.

Para no hablar de oídas:

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