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El problema es que, como en todas las reglas sociales, el peligro del abuso está siempre presente.
A mi me parece evidente que cuando voto por unos representantes no les estoy dando carta blanca para tomar las decisiones que les venga en gana sino las que vienen en su programa electoral. Es cierto que esa delegación de decisión puede y debe ampliarse a cuestiones no previstas en el programa pero que son lógicas y coherentes con él, pero esa ampliación tiene sus límites.
Un ejemplo: el partido X propuso en su programa elaborar una ley de regulación de la eutanasia explicando los principios básicos en los que se basará. Si yo les voto, espero que cuando esté gobernando, X elabore dicha ley, la proponga en el parlamento e intente sacarla adelante.
Pero si X, aprovechando el poder delegado, decide sobre la marcha elaborar una ley que reponga el servicio militar obligatorio, la cosa cambia. Dado que dicha ley no estaba en su programa electoral, X no tiene derecho a elaborarla como si se tratara de la anterior ya que mi delegación mediante el voto no le otorga derechos ilimitados sino dentro de los límites establecidos en su programa.
Pero si se presenta la necesidad de tomar decisiones no previstas en el programa ¿cómo lo solucionamos? No hay que ser excesivamente innovador: cuando un gobierno quiere tomar una decisión que excede la confianza del voto hay un mecanismo muy simple: consultar. El referendum es una herramienta que perfecciona la democracia indirecta y que está previsto en nuestra Constitución en el artículo 92 para "decisiones políticas de especial transcendencia".
Nuestro ya casi extinto presidente, Rodríguez Zapatero, en sus últimos estertores, ha tomado la decisión, apoyada por el Partido Popular, de que la reforma del artículo 135 de la Constitución no pase por referéndum (en la actual normativa, propuesta de referéndum le corresponde al presidente del gobierno). Este es para mí un claro ejemplo de decisión excesiva ya que la reforma es trascendente y no aparecía en su programa. Estas situaciones que exceden el derecho otorgado por el voto deberían resolverse por la vía del complemento democrático: debate público y abierto sobre las razones y las consecuencias y, posteriormente, referéndum. Los debates no se han hecho y la consulta se ha despreciado con argumentos que son un insulto a la inteligencia.
¿Cuáles son las razones de rechazar la consulta? Creo que simplemente una: miedo a que la voluntad de los ciudadanos no avale la medida. ¿El precio? Un déficit democrático poco soportable.
Para no ser solamente negativo propondría una medida más de modificación de la Constitución: el plebiscito por iniciativa popular. Este procedimiento existe en Suiza, donde leyes y decretos pueden ser sometidos a votación popular dentro de un plazo de tres meses si 50000 ciudadanos lo solicitan. Dada la diferencia de población y para no caer en una espiral de convocatorias, en España la cifra mínima debería ser mayor, por ejemplo, 250000. En el momento de escribir este post, los votos en Actuable son 125000, justo la mitad de los necesarios si aceptamos la cifra propuesta.
En resumen: queridos parlamentarios, no volváis a esgrimir que el pueblo os votó para tomar decisiones que os exceden, no tenéis carta blanca y vuestros abusos son un síntoma más de que nuestro sistema necesita cambios.
