Supongo que les suena la historia. Muy resumida es la siguiente: el Consejo Audiovisual de Cataluña, órgano dependiente de la Generalidad de Cataluña, dictamina que la COPE se ha pasado de la raya en algunas de sus emisiones, superando la línea de la libertad de expresión y entrando en terreno prohibido al faltar a la veracidad informando sin fundamento y desacreditando a personas con acusaciones sin comprobar. Algunos partidos han aplaudido ante la amenaza de suspensión de emisiones. Otros han hecho como la mayoría de los medios de comunicación: pasar de puntillas sobre el problema que se plantea entre la libertad de opinión y el derecho de los aludidos a no ser insultados.
Yo no voy a entrar en la polémica de forma convencional sino que les propongo que vale, que aceptamos que un organismo con miembros nombrados por los partidos políticos dominantes, puedan decidir qué es veraz y qué no, qué es insulto y qué es opinión. Pero, aceptado pulpo como animal de compañía, exijo un periodo de prueba, como con las versiones beta: durante dos años, el CAC se dedicará a ejercer la misma vigilancia sobre las declaraciones de los políticos, incluyendo a los que van de guardianes de la verdad, de la ortodoxia y de no se qué más chorradas.
A los que se descubra faltando a la verdad se les obligará a buscar bibliografía sobre los informes que Iker Jiménez desgrana en sus programas. A los que acusen sin pruebas, se les condenará a ver episodios de CSI interrumpidos cada 5 minutos por anuncios del osito de Mimosín. Finalmente, los que insulten se verán obligados a aprender de memoria el Inventario general de insultos, de Pancracio Celdrán. Convengo con ustedes en que esto último no es un castigo pero tiene una función útil: elevará el nivel del improperio en el parlamento haciéndolo, no sé si educativo, pero sin duda más entretenido.
A los que queden libres de toda culpa se les premiará con la medalla Celacanto, por fósiles vivientes y por raros.
Yo no voy a entrar en la polémica de forma convencional sino que les propongo que vale, que aceptamos que un organismo con miembros nombrados por los partidos políticos dominantes, puedan decidir qué es veraz y qué no, qué es insulto y qué es opinión. Pero, aceptado pulpo como animal de compañía, exijo un periodo de prueba, como con las versiones beta: durante dos años, el CAC se dedicará a ejercer la misma vigilancia sobre las declaraciones de los políticos, incluyendo a los que van de guardianes de la verdad, de la ortodoxia y de no se qué más chorradas.
A los que se descubra faltando a la verdad se les obligará a buscar bibliografía sobre los informes que Iker Jiménez desgrana en sus programas. A los que acusen sin pruebas, se les condenará a ver episodios de CSI interrumpidos cada 5 minutos por anuncios del osito de Mimosín. Finalmente, los que insulten se verán obligados a aprender de memoria el Inventario general de insultos, de Pancracio Celdrán. Convengo con ustedes en que esto último no es un castigo pero tiene una función útil: elevará el nivel del improperio en el parlamento haciéndolo, no sé si educativo, pero sin duda más entretenido.
A los que queden libres de toda culpa se les premiará con la medalla Celacanto, por fósiles vivientes y por raros.