La chapuza legislativa

Las leyes y decretos deberían ser como los medicamentos, y sólo salir al público tras estudios que garanticen tres cosas esenciales: que realmente son funcionales contra la enfermedad que sea, que sus efectos secundarios, aunque existan, están bajo control y que sus interacciones con otros medicamentos no darán sorpresas desagradables.
Las leyes deberían ser iguales y pasar, antes de publicarse en el BOE y afectar a toda la comunidad, un control de calidad equivalente sobre su función, efectos e interacciones. Pero nada más lejos de la realidad.
En política, que lo es todo, vivimos del titular. Esta tendencia es perversa en sí misma porque prioriza chapuceras actuaciones de cartelera sobre otras más meditadas pero menos útiles para el escaparate por depender de planes a medio plazo. Pero hay más: al no existir una planificación general que las guíe, las iniciativas pierden su contexto y generan frecuentemente "efectos colaterales" no previstos e indeseables. Finalmente, al generar las normas con prisas, su mala calidad técnica genera problemas al ser parcialmente incompatibles con otras normas.
Todo ello genera normas efímeras o, como mínimo, que deben parchearse para reducir las vías de agua que amenazan con hundir la chalupa.
Les voy a poner un único ejemplo porque tengo en mente cebarme a fondo con la legislación universitaria próximamente. A finales del año 2001 se publicó la Ley Orgánica 6/2001 de Universidades. A grandes rasgos, esta ley nació tarada con problemas de los cuales los tres siguientes son sólo una muestra:

• al ignorar el contexto de la convergencia europea ya en funcionamiento, una buena parte de sus artículos estaban ya fuera de lugar, perpetuando un esquema que caducaría en los siguientes años y haría la ley inútil.
• se modificó el sistema de selección del profesorado funcionario adoptando un nuevo modelo absolutamente insostenible por su complejidad y coste.
• se planteó un sistema de acreditación para el profesorado contratado mal diseñado por, entre otras cosas, la ausencia de baremos explícitos en las evaluaciones.

Consecuentemente, en los años siguientes se han publicado normas complementarias, modificaciones y chapuzas varias que han hecho que la legislación universitaria esté, hoy, hecha unos zorros. Estos cambios han intentado tapar los agujeros o errores de la ley básica pero su calidad es aún peor. El resultado más grave, en mi opinión, es que la entrada de gente nueva en el sistema se convierte en una carrera de obstáculos pero donde las reglas se cambian de año en año, generando frustración tras frustración, con efectos que sin duda veremos en un futuro próximo.
Conste en acta que no estoy satisfecho con este post porque me gusta más tratar las cosas con ironía y cierto distanciamento. Pero estamos tratando del futuro de la educación superior, jodido por unos y otros, y también del futuro de muchas personas que ven cerrada su entrada en el sistema de investigación porque el ministro/ministra y adláteres fueron unos incompetentes. Y aquí ya no cabe ironía.